El 2006 será un año clave para el futuro de Colombia. Ante las próximas citas electorales, legislativas y presidenciales, pensamos que es importante contraponer a la propaganda oficial los datos reales. Ya vemos que la propaganda oficial insiste en crear una falsa imagen de bienestar creciente para los colombianos, tanto a nivel económico como en términos de violencia y de respeto a los derechos humanos. Pero la realidad nos habla de un país inmerso en una de las mayores crisis económicas y humanitarias. Un país que sufre una progresiva militarización y paramilitarización de su sociedad, y un gobierno con tendencias clara y peligrosamente autoritarias.
Aumento de la pobreza y la exclusión
En Colombia la situación económica de la mayoría de la población se ha venido deteriorando en los últimos años. Así, en el 2003 un 65% de los colombianos se situaba por debajo de la línea de pobreza frente a un 60% en el 2000.
Álvaro Uribe ha seguido fielmente los postulados neoliberales en su política de gobierno, recortando importantes derechos de los trabajadores en materia salarial y de protección social. Además, se han venido privatizando importantes sectores industriales y de servicios públicos y se ha extendido la precariedad en los derechos a la salud, la educación y la protección social con cierre de hospitales y escuelas públicas.
Bajo la presidencia de Álvaro Uribe se han favorecido los intereses de las grandes empresas multinacionales y los de las empresas agroindustriales, frente a los intereses de la mayoría de colombianos. En la última de las claudicaciones a las exigencias del gobierno de Estado Unidos, Uribe se apresta a firmar un Tratado de Libre Comercio, que representará la ruina definitiva para el campesinado y los pequeños empresarios colombianos.
La extensión de la violencia y la situación de los derechos humanos siguen siendo dramáticos
De las más de 6.200 muertes o desapariciones por razones sociopolíticas que se produjeron entre agosto del 2002 y junio del 2004, un 8% son responsabilidad de agentes estatales, un 69% de sus aliados los paramilitares y un 23% de las fuerzas guerrillas.
Durante la presidencia de Álvaro Uribe se ha producido un incremento en detenciones arbitrarias, llegando a 12 diarias, así como las mayores oleadas de detenciones masivas ilegales. El desplazamiento forzoso sigue en aumento con más de 950.000 nuevos desplazados durante este Gobierno.
Los líderes sociales siguen sufriendo un alto índice de violaciones a los derechos humanos. Seis sindicalistas son asesinados mensualmente en Colombia. La cifra de defensores de derechos humanos muertos o desaparecidos ha sufrido un grave incremento, pasando a ser de 33 entre agosto del 2002 y agosto del 2004.
La estrategia de Uribe para confrontar a la insurgencia, bautizada perversamente como Seguridad Democrática, pretende involucrar al mayor número posible de población civil en el conflicto. A este fin se crea una red con un millón de informantes, se instituye la figura del soldado-campesino y se implica en la iniciativa a las empresas de seguridad privada.
Se ha venido generando un marco de militarización y paramilitarización de la sociedad, en el que la delación y la desconfianza ciudadana se convierten en el paradigma de actuación y en el que la criminalización de las organizaciones sociales de oposición y de la protesta ciudadana se convierte en la norma.
Consolidación y legalización del paramilitarismo y de sus vínculos con el narcotráfico
En consonancia con su actuación en anteriores puestos oficiales, entre los que destacan su etapa de gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe, desde su actual puesto en la Presidencia de la República, sigue empeñado en promover un cambio en el estatus del paramilitarismo en Colombia. Un cambio que signifique garantizar la impunidad de sus crímenes, legalizar su situación y permitir la consolidación del poder económico, militar y político conseguidos.
La Ley de “Justicia y Paz” consagra un oprobioso régimen de impunidad, por el que aquellos que no están siendo investigados en la actualidad quedan indultados y pueden acogerse a los beneficios de la ley, mientras que se habilitan suspensiones incondicionales de penas, preclusiones de instrucción o incluso el indulto para los demás.
La desmovilización ha significado la legalización de muchas de las estructuras paramilitares y la inclusión de sus miembros en los proyectos de red de informantes, soldados-campesinos, en las cooperativas de seguridad privada y en los batallones de alta montaña.
Por otro parte, los paramilitares no han perdido fuerza ni capacidad de control en sus áreas de influencia, al contrario su poder se encuentra en fase de consolidación. La violencia y el terror siguen siendo los fundamentos de su poder. A pesar del supuesto cese el fuego declarado, 2.339 personas fueron asesinadas o desaparecidas por paramilitares desde el 1 de diciembre del 2002 hasta el 31 de diciembre del 2004.
Políticamente el paramilitarismo ha ido ganando espacios en las regiones, mediante alianzas con la clase política tradicional o construyendo sus propias estructuras, controlando así numerosas instituciones locales y departamentales. También a nivel nacional han ido permeando instituciones como el Congreso o la Fiscalía, (un conocido portavoz paramilitar reconocía que controlaban un tercio del Congreso).
Es por todo ello que estamos convencidos que votar por Uribe en las elecciones presidenciales y por sus aliados políticos en las legislativas es favorecer la estrategia de muerte y miseria que ha caracterizado su Gobierno.
Aumento de la pobreza y la exclusión
En Colombia la situación económica de la mayoría de la población se ha venido deteriorando en los últimos años. Así, en el 2003 un 65% de los colombianos se situaba por debajo de la línea de pobreza frente a un 60% en el 2000.
Álvaro Uribe ha seguido fielmente los postulados neoliberales en su política de gobierno, recortando importantes derechos de los trabajadores en materia salarial y de protección social. Además, se han venido privatizando importantes sectores industriales y de servicios públicos y se ha extendido la precariedad en los derechos a la salud, la educación y la protección social con cierre de hospitales y escuelas públicas.
Bajo la presidencia de Álvaro Uribe se han favorecido los intereses de las grandes empresas multinacionales y los de las empresas agroindustriales, frente a los intereses de la mayoría de colombianos. En la última de las claudicaciones a las exigencias del gobierno de Estado Unidos, Uribe se apresta a firmar un Tratado de Libre Comercio, que representará la ruina definitiva para el campesinado y los pequeños empresarios colombianos.
La extensión de la violencia y la situación de los derechos humanos siguen siendo dramáticos
De las más de 6.200 muertes o desapariciones por razones sociopolíticas que se produjeron entre agosto del 2002 y junio del 2004, un 8% son responsabilidad de agentes estatales, un 69% de sus aliados los paramilitares y un 23% de las fuerzas guerrillas.
Durante la presidencia de Álvaro Uribe se ha producido un incremento en detenciones arbitrarias, llegando a 12 diarias, así como las mayores oleadas de detenciones masivas ilegales. El desplazamiento forzoso sigue en aumento con más de 950.000 nuevos desplazados durante este Gobierno.
Los líderes sociales siguen sufriendo un alto índice de violaciones a los derechos humanos. Seis sindicalistas son asesinados mensualmente en Colombia. La cifra de defensores de derechos humanos muertos o desaparecidos ha sufrido un grave incremento, pasando a ser de 33 entre agosto del 2002 y agosto del 2004.
La estrategia de Uribe para confrontar a la insurgencia, bautizada perversamente como Seguridad Democrática, pretende involucrar al mayor número posible de población civil en el conflicto. A este fin se crea una red con un millón de informantes, se instituye la figura del soldado-campesino y se implica en la iniciativa a las empresas de seguridad privada.
Se ha venido generando un marco de militarización y paramilitarización de la sociedad, en el que la delación y la desconfianza ciudadana se convierten en el paradigma de actuación y en el que la criminalización de las organizaciones sociales de oposición y de la protesta ciudadana se convierte en la norma.
Consolidación y legalización del paramilitarismo y de sus vínculos con el narcotráfico
En consonancia con su actuación en anteriores puestos oficiales, entre los que destacan su etapa de gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe, desde su actual puesto en la Presidencia de la República, sigue empeñado en promover un cambio en el estatus del paramilitarismo en Colombia. Un cambio que signifique garantizar la impunidad de sus crímenes, legalizar su situación y permitir la consolidación del poder económico, militar y político conseguidos.
La Ley de “Justicia y Paz” consagra un oprobioso régimen de impunidad, por el que aquellos que no están siendo investigados en la actualidad quedan indultados y pueden acogerse a los beneficios de la ley, mientras que se habilitan suspensiones incondicionales de penas, preclusiones de instrucción o incluso el indulto para los demás.
La desmovilización ha significado la legalización de muchas de las estructuras paramilitares y la inclusión de sus miembros en los proyectos de red de informantes, soldados-campesinos, en las cooperativas de seguridad privada y en los batallones de alta montaña.
Por otro parte, los paramilitares no han perdido fuerza ni capacidad de control en sus áreas de influencia, al contrario su poder se encuentra en fase de consolidación. La violencia y el terror siguen siendo los fundamentos de su poder. A pesar del supuesto cese el fuego declarado, 2.339 personas fueron asesinadas o desaparecidas por paramilitares desde el 1 de diciembre del 2002 hasta el 31 de diciembre del 2004.
Políticamente el paramilitarismo ha ido ganando espacios en las regiones, mediante alianzas con la clase política tradicional o construyendo sus propias estructuras, controlando así numerosas instituciones locales y departamentales. También a nivel nacional han ido permeando instituciones como el Congreso o la Fiscalía, (un conocido portavoz paramilitar reconocía que controlaban un tercio del Congreso).
Es por todo ello que estamos convencidos que votar por Uribe en las elecciones presidenciales y por sus aliados políticos en las legislativas es favorecer la estrategia de muerte y miseria que ha caracterizado su Gobierno.
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